Salud reproductiva existe cuando las personas son capaces de tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, y cuando tienen la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir si, cuándo y con qué frecuencia hacerlo. Implícito en esto es el derecho de los hombres y mujeres de estar informados con respecto a, y a tener acceso a, métodos de control de la fertilidad de su elección que sean seguros, efectivos, económicamente asequibles y aceptables, así como el derecho de acceso a servicios apropiados de atención en salud que permitirán a las mujeres pasar por el embarazo y parto de manera segura y que ofrecerán a las parejas la mayor probabilidad de tener un bebé saludable.i.

¿A qué se refieren cuando hablan de inequidades de salud reproductiva?

Desigualdades en la salud reproductiva tienen lugar cuando existen diferencias observables entre el estado de la salud reproductiva y la distribución de los servicios de salud reproductiva entre diversos grupos de la población. Las desigualdades en la salud reproductiva pueden ser perpetuadas por una variedad de factores, los cuales incluyen la constitución biológica y genética del individuo, el ambiente, el grado de educación, el nivel socioeconómico y el acceso a la atención en salud, así como la calidad de la atención prestada.

Las inequidades en salud son prevenibles e innecesarias y, por tanto, injustas.

Al analizar variaciones similares en los indicadores de salud reproductiva empleando medidas de desigualdad en la salud, se hace evidente que están fuertemente asociadas con determinantes sociales, geográficos y económicos.

Por ejemplo, las mujeres (en unión libre o casadas) entre las edades de 15 y 49 años que cuentan con ninguna educación o sólo educación primaria muestran una probabilidad consistentemente menor de estar usando por lo menos un método anticonceptivo moderno, y menor probabilidad de tener una necesidad satisfecha de planificación familiar, que las mujeres que hayan logrado un nivel educativo secundario o mayor (Figuras 3 y 4). De manera similar, las mujeres (en unión libre o casadas) entre las edades de 15 y 49 años que están en los niveles de quintil de ingreso más bajo, muestran una probabilidad consistentemente menor de estar usando por lo menos un método anticonceptivo moderno o tradicional (Figura 5).v

Las actuales desigualdades en la salud reproductiva en América Latina y el Caribe

En el transcurso de las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe han tenido un avance significativo en la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad en todos los niveles de la sociedad. Este progreso ha permitido a 70 millones de personas salir de la pobreza* y a 50 millones de personas entrar en la clase media **, ii. También ha permitido la reducción de la pobreza extrema*** a la mitad.

Al mismo tiempo, la región ha experimentado enormes avances en los resultados de salud reproductiva y materna—avances que en gran medida se pueden atribuir a un aumento en la cobertura de intervenciones preventivas muy costo efectivas iii. Como resultado de ello, la esperanza de vida promedio ha aumentado de manera significativa iv; más mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos, menos madres mueren por complicaciones durante el parto v; y menos adolescentes tienen embarazos imprevistos vi.

Sin embargo, este progreso económico y social no ha beneficiado a todos en la región, y ha dado como resultado bajos estándares de vida en los hogares y una disponibilidad limitada de servicios sociales, incluyendo salud y educación, para millones de personas vii. Esto, a su vez, ha resultado en grandes variaciones en los indicadores de salud reproductiva y materna, tanto entre los países como dentro de ellos. Por ejemplo, la prevalencia de anticonceptivos entre mujeres de 15 a 29 años de edad varía de 34,5 en Haití a 79 en Colombia (Figura 1), y la demanda satisfecha de planificación familiar varía de 49,5 en Haití a 90,3 en el Perú (Figura 2).

Estas desigualdades en la salud reproductiva no sólo son injustas sino también amenazan los avances logrados en las últimas décadas y ponen en peligro el crecimiento y desarrollo económico y social en general viii.

Las mujeres con menor grado de educación en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y Surinam tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos al menos dos veces mayor que las mujeres con educación secundaria o superior.
Los adolescentes indígenas de Bolivia, Guatemala, Ecuador y Nicaragua tuvieron en 2010 un menor acceso a servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos modernos en comparación con la población no indígena.